La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) valora positivamente las últimas medidas adoptadas por el Gobierno en relación a la movilidad eléctrica.
En concreto, una de las medidas más aplaudidas por la asociación es la que atañe a la eliminación de barreras administrativas para el despliegue de infraestructuras de recarga, ya que las exigencias actuales por parte de las administraciones públicas competentes para la obtención de licencias o autorizaciones de distinto carácter, serán sustituidas por declaraciones responsables.
Asimismo, destacan como positivo facilitar el régimen de autorizaciones de puntos de recarga en los terrenos colindantes a las carreteras del Estado puesto que abre paso al establecimiento de las obligaciones concretas y los plazos para la instalación de puntos de recarga de alta capacidad.
Así como, las bonificaciones en los tributos locales con la posibilidad de que las ordenanzas fiscales puedan regular una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de los bienes inmuebles en los que se hayan instalado puntos de recarga para vehículos eléctricos.
Respecto a otra de las barreras que planteó Aedive sobre el posible incumplimiento por parte de las empresas distribuidoras de energía eléctrica de los diferentes plazos para comunicar y dar traslado al promotor de una infraestructura eléctrica de puntos de recarga del resultado del análisis de sus solicitudes, celebran que se incorpore en el marco legal un régimen sancionador.
Por otro lado, Aedive ha destacado la publicación del Real Decreto que establece que con carácter excepcional, durante cada uno de los años del 2021 al 2023, las empresas distribuidoras de energía eléctrica podrán invertir con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en activos para la digitalización de redes y en las infraestructuras para la alimentación de instalaciones destinadas a la conexión a las redes de distribución de puntos de recarga de vehículo eléctrico de potencia superior a 250 kilovatios (kW) de acceso público.
«Ambos reales decretos suponen, en definitiva, un impulso importante para alcanzar los objetivos que el Gobierno se marcó de contar con 100.000 puntos de recarga de vehículo eléctrico para 2023», destacan desde la asociación.